Cinco cosas que usted debe saber sobre la “Carga Pública” por PILAR MARRERO
En los últimos días, cinco tribunales federales prohibieron al gobierno de Donald Trump cambiar las reglas sobre el uso de beneficios públicos para solicitantes de residencia permanente o visa de no inmigrante y dejaron las cosas como están desde hace más de 20 años. Esta decisión quiere decir que hay una prohibición nacional de cambiar esta regla, la cual no ha entrado en vigor por el momento y que puede ser que nunca sea aplicada”, dijo la abogada Madison Allen, del Centro de Leyes y Políticas Sociales. Aun así, el temor al efecto migratorio de pedir cualquier servicio público sigue causando problemas. Estudios y casos anecdóticos señalan que “millones de inmigrantes dejarán de pedir ayuda para salud, nutrición y servicios sociales”, debido al temor causado por esta medida. Según explicaron varios expertos y abogados en los días pasados, muchos de esos inmigrantes ni siquiera están en peligro porque no pertenecen a categorías incluidas en la regla, ni solicitan el tipo de ayuda que les afectaría, o tienen otros factores a su favor que podrían beneficiarlos. Durante una teleconferencia copatrocinada por el National Immigration Law Center (NILC), El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) y Ethnic Media Services (EMS), se enfatizó lo siguiente:
Muchos inmigrantes NO son ni serán afectados por esta regla Hay varias categorías de extranjeros o migrantes que no entran dentro del nuevo reglamento de “Carga Pública” que fue emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno de los Estados Unidos el pasado mes de agosto y que ahora está en pausa por órdenes del tribunal. Los refugiados o personas con asilo, los que piden o tienen visas U para víctimas de la delincuencia, visas T para víctimas de tráfico humano, WAVA casos de violencia doméstica, SIJS para menores abandonados, renovación de Estatus Temporal de Protección TPS o DACA, la mayoría de los residentes permanentes o ciudadanos NO se verán afectados por esta regla. “No importa lo que decidan los tribunales, estas personas no se verán afectadas directamente por ese potencial cambio en las reglas de Carga Pública”, dijo Allison Davenport, abogada supervisora de ILRC.
Esta regla solo se aplicaría en dos situaciones El miedo en la comunidad se origina, en gran medida, por no saber exactamente a quién aplicaría la regla de Carga Pública, en caso de que los tribunales federales den el visto bueno, dijo Davenport. “Por una parte, el reglamento de Carga Pública ha estado en las leyes de Estados Unidos durante 100 años”, dijo. Este pretende garantizar que las personas que se hacen residentes u obtienen una visa de otra clase para residir en el país, no dependan de asistencia pública. No obstante, no se trata de una prohibición para obtener servicios, a muchos de los cuales, los indocumentados de todas formas no tienen derecho. “Solamente se aplicará en dos ocasiones: cuando una persona pide una visa para entrar a este país o quedarse en el mismo o cuando piden la residencia permanente”, agregó la letrada. Por otro lado, quienes teman verse afectados en el futuro, cuando pidan una visa o residencia, deben entender que, aunque usen servicios actualmente, esto no afectará su posibilidad de obtener una green card en el futuro, porque el beneficio no es retroactivo.
Solo ciertos beneficios están incluidos en la lista del posible cambio No todos los beneficios públicos afectarían a la hora de solicitar visa o green card, explicaron. La ley actual de Carga Pública, vigente desde 1999, solo toma en cuenta dos tipos de beneficios para los solicitantes de green card y visas: cuidado de largo plazo (long term care) y asistencia en efectivo, por ejemplo, cobros de “welfare” o bienestar social. La nueva reglamentación, que esta en pausa por el momento, añade varios más a esa lista: asistencia para subsidios de vivienda o Section 8, cupones de alimento y Medicaid. Sin embargo, esto no incluye el Medicaid recibido por menores de 21 años o por mujeres embarazadas y durante 60 días después del parto. Programas que NO están incluidos ni en el viejo ni en el reglamento nuevo (aún no en vigencia) incluyen: WIC, CHIP (Healthy Families en CA), asistencia alimentaria o almuerzos escolares, Head Start, cualquier tipo de beneficio ganado como Seguro Social o Discapacidad, créditos de impuestos o ciertos beneficios a familias militares. Los expertos indicaron que nadie debe suspender el uso de estos servicios e incluso aquellos que sí están incluidos en la nueva regla, sin consultar a una organización comunitaria especializada o a un abogado de inmigración.
Históricamente, la regla de carga pública no ha afectado a mucha gente Los expertos estiman que el efecto real del reglamento, si es que llega a entrar en vigor, podría ser más limitado de lo que se teme, ya que la mayoría de los solicitantes de beneficios tiene factores atenuantes que también deben ser tomados en cuenta por los agentes que toman la decisión. “Nuestro análisis nos dice que 69% de los que recientemente recibieron green cards tienen al menos un factor negativo en contra, pero la mayoría tienen también características positivas que pueden hacer contrapeso”. Por ejemplo, si la persona que solicita la green card ha usado cupones de alimentos, pero habla bien inglés, tiene un trabajo estable o algún otro factor positivo, éstos pueden compensar la marca negativa, explicaron. Un reciente análisis del Migration Policy Institute (MPI) reveló que, si bien el gobierno de Trump ha negado más visas que en el pasado, porque ya el Departamento de Estado está aplicando medidas más estrictas en sus consulados y embajadas, muchos de los rechazados logran eventualmente superar el obstáculo. “En 2016 negaron 1,000 visas de residente y ese número subió hasta 12,000 el año pasado. Sin embargo, la mitad de esos lograron apelar y ser aprobados”, dijo Jeanne Batalova, investigadora de MPI. “Al final, solo 1% de las tarjetas de residencia resultaron afectadas”.
Beneficios recibidos por un familiar no afectan, pero el temor existe El temor a lo que puede ocurrir está resultando más grave que la realidad, afirmó Mayra Álvarez, presidenta de la organización Children´s Partnership, quien instó a la comunidad a no apresurarse en renunciar a beneficios a los que califican. “Las familias deben continuar usando los beneficios que necesiten”, dijo Álvarez. “Incluso, deben seguir usando los beneficios incluidos en la nueva regla mientras que los tribunales sigan prohibiendo su entrada en vigor. En caso de que estas demandas no tengan éxito, habrá un período para quienes quieran retirarse de ciertos beneficios y el efecto no es retroactivo”. Todo esto quiere decir que mientras la regla no entre en vigor, los beneficios que se usen en este período no afectarán una futura green card. La nueva regla de “Carga Pública” iba a entrar en vigor la semana del 15 de Octubre, pero jueces en Nueva York, California y el estado de Washington la bloquearon. El mismo día, otros dos jueces en Maryland e Illinois se sumaron a la orden.
