Derechos para las personas sin hogar POR DANA DARDIS
Soy una de varios defensores que originalmente organizaron una protesta de desobediencia civil en julio pasado en oposición a los recortes presupuestarios de Dunleavy y lo que eso significó para la población sin hogar en Anchorage. De esa protesta nació un movimiento, Camp Done-leavy, que luego se convirtió en Camp Here: Occupy to Overcome Homelessness. Además, el enfoque creció no sólo para incluir los recortes presupuestarios estatales, sino también el municipio de Anchorage y la creciente hostilidad de la administración Berkowitz hacia individuos y familias que sufren de la indigencia. El 20 de julio, posiblemente 50 patrullas se presentaron en el parque del Valle de la Luna, donde los campistas se habían establecido después de tres arduas mudanzas en un solo día desde el parque en la Avenida 9, lugar del cual fueron expulsados por el departamento de policía. Anchorage tiene un historial de políticas ineficaces y crueles hacia las personas indigentes.
Aunque en 2011 la ACLU (American Civil Liberties Union) argumento y ganó establecer que las personas que no tienen hogar tienen los mismos derechos que todos los demás y que las redadas de campamentos de personas sin hogar violan los derechos de propiedad, muchas personas todavía pierden o les son confiscados artículos personales vitales y documentos de identidad en el actual proceso de reducción de campos. Reemplazar esos artículos es costoso y pasar por complicados procesos burocráticos para recuperarlos es desgastante e inhumano. Sin identificación, las personas no tienen acceso a los servicios necesarios, el empleo y la vivienda permanente. Las continuas reducciones de campamentos alteran activamente los esfuerzos de las personas para salir de la indigencia.
Años de investigación y promoción en torno a la criminalización de las personas sin hogar y el aumento de la violencia cometida contra ellas han demostrado que necesitan protecciones adicionales para preservar sus derechos civiles. Las políticas de reducción de campamentos siguen siendo crueles y traumáticas, ya que las personas que sufren de falta de vivienda se ven obligadas implacablemente a migrar por toda la ciudad.
Las órdenes de reducción de campamentos no son soluciones significativas. Solo crean un círculo vicioso que daña a las personas. No se logra nada excepto la ilusión de una solución que apacigua temporalmente a la comunidad y a los propietarios de negocios.
En respuesta, las personas que sufren de falta de vivienda están trabajando con otros miembros de la comunidad para adoptar una Ley de Derechos de Las Personas sin Hogar y una Ley de Derecho al Descanso. Estos derechos reclaman el que las personas sin hogar estén protegidas contra la segregación, que se les otorgue privacidad, la oportunidad garantizada de votar y sentirse seguras en su comunidad, con acceso amplio a refugio, incluyendo campamentos permanentes, servicios sociales, asesoramiento jurídico y educación de calidad para sus hijos. Las personas necesitan protección y tiempo para ayudar a involucrarse productivamente con las soluciones. Como sociedad, tenemos la obligación moral de proteger los derechos civiles y humanos de todos los estadounidenses. Ahora es el momento de adoptar una Ley de Derechos de Las Personas sin Hogar y una Ley de Derecho al Descanso.
Justina Beagnyam es Tri-presidenta/Organizadora de la Campaña del Pueblo Pobre y defensora de la justicia social. Dana Dardis es residente de Anchorage, defensora de derechos humanos y propietaria de una pequeña empresa. Reverendo Jacob Poindexter, Ministro Mayor, Primera Iglesia Congregacional de Anchorage.
