El presupuesto del Estado de Alaska está presente en las noticias: muy presente. Hay un déficit y es grande; se estima que se acerca a los $4 mil millones. El petróleo era la principal fuente de ingresos del Estado, pero sus precios se han desplomado y los legisladores luchan por encontrar soluciones. La inmensa cantidad de información que circula en torno a esta materia suele dejarnos atónitos en parte porque se asume que todos sabemos cómo funciona el presupuesto. ¿Y no querríamos todos que esto fuera verdad? Lo cierto es que la mayoría no prestamos la debida atención al asunto. Puede ser un tema árido (ok, puede ser totalmente aburrido) y, por ello, no nos damos por enterados sino hasta que existe un problema. Pero en realidad, el presupuesto del Estado es nuestro, así que demos un paso atrás y tratemos de comprender algunos aspectos básicos en torno a esta cuestión.
Cada año se desarrollan cuatro presupuestos; el de la capital (que incluye gastos como construcción, edificios y mercancías por encima de los $25,000, el de operaciones (que se utiliza para el funcionamiento y los programas cotidianos), el destinado a la salud mental (capital e insumos relacionados con este campo), y el presupuesto suplementario. Cada uno sigue un proceso similar, pero para los fines de este artículo me enfocaré en el presupuesto de operaciones. Así que, en adelante, siempre que me re era al “presupuesto”, estaré aludiendo a éste.
El presupuesto de operaciones con frecuencia toca nuestras vidas, pues incluye gastos como el Departamento de Vehículos Motorizados (el famoso DMV: Department of Motor Vehicles), el Departamento de Educación (los fondos escolares), el de Pesca y Juego (vida salvaje y licencias de pesca), el de Salud y Servicio Social (programas de salud, Medicaid), y los recursos de las fuerzas armadas.
La base del presupuesto está en la Constitución de Alaska. No pueden sustraerse fondos de la tesorería del Estado, si no es de conformidad con las asignaciones de ley. La legislatura es quien aprueba el presupuesto, pero el gobernador debe turnarle tanto el presupuesto como el proyecto de asignaciones. El presupuesto del gobernador incluirá gastos como operatividad de los distintos organismos, financiamiento de la educación, financiamiento de Medicaid y pago de deuda, entre otros conceptos. También considerará las expectativas de ingresos que serán necesarias para financiar el presupuesto. Pese a que ambos juegan un papel importante en la asignación del presupuesto, los organismos del Estado deben primero proveer una gran cantidad de información.
El año fiscal corre del primero de julio al 30 de junio del año siguiente. Cada organismo desarrolla su presupuesto para el siguiente año fiscal desde la mitad del verano hasta el inicio del otoño. Básicamente, desde que comienza el año fiscal, los organismos deben comenzar a planear sus gastos para el año siguiente. Para ello siguen las recomendaciones y los objetivos del gobernador. Salvo pocas excepciones, el presupuesto está basado en incrementos, lo cual significa que si el presupuesto de un cierto concepto para el año en curso es de $100 y si el año entrante éste necesita $125, entonces se propone un incremento de $25. Se asume que el siguiente año fiscal se partirá de la misma base que el anterior (pese a que los legisladores pueden hacer —y de hecho hacen— cortes presupuestales llamados decrementos; pero por ahora enfoquémonos en los incrementos).
Una vez que los organismos presentan sus respectivas solicitudes presupuestales, éstas son enviadas a la Oficina de Administración y Presupuestos (OMB: Office of Management and Budget), quien es responsable de analizarlas y quien prepara las recomendaciones para el gobernador. Finalmente éste realizará una revisión de la partida aprobada para cada organismo. Una vez que esta parte del proceso se ha completado, tomando como base el presupuesto del gobernador se desarrolla la iniciativa presupuestal que será turnada a la legislatura hacia el 15 de diciembre. Ésta es la base sobre la cual los legisladores comienzan a trabajar.
Al inicio del periodo legislativo, la iniciativa es referida al comité de normatividad. Tanto el comité de normatividad de la Cámara, como el del Senado presentan versiones de la iniciativa (que al principio son idénticas) y éstas son leídas y turnadas a los respectivos comités de financiamiento. El comité de financiamiento de la Cámara (HFIN: House Finance Committee) y el del senado (SFIN: Senate Finance Committee) trabajan en sus iniciativas de forma simultánea, aunque la Cámara generalmente actúa primero. La iniciativa presupuestal comenzará a cambiar, pues estará sometida a un proceso de edición.
Los respectivos comités de financiamiento conformarán subcomités para cada organismo. Éstos trabajarán en la iniciativa y someterán una nueva versión del presupuesto a sus respectivos comités de financiamiento, quienes podrán solicitar información a los organismos en cuestión. Al terminar la iniciativa (que ahora es la versión sustituta del comité) ésta se turnará al pleno de la Cámara, donde se le harán aún más cambios. En cuanto ésta sea aprobada en dicho foro, será turnada al pleno del Senado para que le hagan cambios adicionales y luego la sometan a votación. La iniciativa entonces regresa al pleno de la Cámara para su aprobación, pero es difícil que esto suceda. Por lo regular se pide que el Senado remueva sus cambios, pero esto tampoco suele ocurrir. Así, entra en funciones el comité de acuerdos (Conference Committee), quien elabora una nueva versión que es una suerte de mediación entre ambas propuestas, y ésta se turna al pleno de la Cámara y del Senado para una votación final. Una vez aprobada, la iniciativa se trasmite de regreso al gobernador, quien tendrá 20 días laborales para ejercer el veto. Si no lo hace, la iniciativa será aprobada como ley y se volverá efectiva a partir del primero de julio, el primer día del año fiscal.
Conforme se acerca el fin del periodo legislativo, se imponen dos preguntas: ¿se extenderán las sesiones para dar un poco más de tiempo a los legisladores a fin de que puedan terminar su tarea?, y ¿con qué dinero pagaremos los gastos previstos en este presupuesto? El presupuesto del gobernador toma en cuenta las reservas de ahorros y considera nuevas fuentes de ingresos como el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre combustibles para los vehículos motorizados. Sin estos recursos suplementarios, hay un hueco entre los ingresos y egresos de casi $4 mil millones o incluso mayor. Los legisladores se encuentran frente a una enorme tarea.
