2025: Un año difícil para las familias latinas en Alaska
El 2025 fue un año particularmente complicado para la comunidad latina en los Estados Unidos, y en Alaska ese impacto se siente con aún más fuerza. Las promesas del presidente Trump de reducir el costo de vida no se han cumplido. Por el contrario, todo es más caro: la renta, el precio de las viviendas, la electricidad, la gasolina, los alimentos que llegan por barco o avión y el seguro médico. Mientras tanto, los salarios de muchos trabajadores, especialmente en la construcción, el turismo, la pesca, los servicios y el trabajo independiente, siguen prácticamente estancados.
En un estado como Alaska, donde el costo de vida ya es uno de los más altos del país, estas alzas golpean directamente a las familias latinas que trabajan duro para salir adelante. Muchas dependen de más de un empleo, de temporadas cortas de trabajo o de ingresos inestables. Aun así, la administración en Washington, D.C. ha decidido debilitar las protecciones básicas para los consumidores, dejando a las familias más vulnerables aún más expuestas. Desde hace más de un año, la Agencia de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), creada después de la crisis financiera de 2008, ha dejado de cumplir su misión. Esta agencia era un respaldo importante para las familias trabajadoras: vigilaba que los reportes de crédito no tuvieran errores, regulaba hipotecas y préstamos de auto, y protegía a las personas contra la discriminación y los cobros ilegales. Hoy, ese “perro guardián” del consumidor ya no está cumpliendo su función. Mientras tanto, los grandes intereses económicos y los millonarios con acceso a la Casa Blanca siguen beneficiándose. Regulaciones que ofrecían mayor protección a los consumidores han sido eliminadas. Por ejemplo, ahora las aerolíneas ya no están obligadas a compensar a los pasajeros por cancelaciones o cambios de horario. Para las familias en Alaska, donde viajar en avión no es un lujo, sino una necesidad, esto representa un golpe adicional al bolsillo. A esto se suma el cierre de gobierno más largo en la historia del país, interrupciones en programas de asistencia nutricional como SNAP, y aumentos significativos en las primas del seguro médico para quienes dependen del mercado de salud. ¿Qué opciones tienen las familias trabajadoras, los pequeños negocios y los trabajadores independientes cuando deben elegir entre pagar el seguro médico y poner comida en la mesa? Para muchas familias latinas en Alaska, esta situación está empeorando su estabilidad financiera y su salud. Ya uno de cada tres hispanos en el país tiene deudas médicas o dentales, y estas cifras solo aumentarán si el acceso al seguro médico se vuelve inalcanzable. En lugar de responder a esta crisis, lo que estamos viendo es la proliferación de productos financieros riesgosos que prometen “ayuda inmediata” para cubrir gastos diarios. Empresas de “Compre Ahora, Pague Después” (BNPL) ofrecen préstamos sin revisar el crédito, atrapando a muchas personas, especialmente jóvenes, latinos y afroamericanos, en ciclos de deuda difíciles de romper. En un contexto de menos regulaciones y menos supervisión, estas prácticas se están expandiendo rápidamente. El voto latino jugó un papel importante en la elección del presidente Trump. Hoy es momento de reflexionar sobre cómo estas decisiones han afectado directamente nuestros bolsillos, nuestras familias y nuestro futuro en Alaska. Nuestro poder no termina en una elección. Debemos usar nuestra voz y nuestra organización comunitaria para exigir que se nos incluya en las decisiones económicas que impactan nuestras vidas. Las familias latinas en Alaska son parte esencial del estado: construyen, pescan, cocinan, limpian, cuidan y sostienen la economía local. Merecen un sistema que las proteja, no uno que las deje atrás. La organización comunitaria y la participación cívica siguen siendo nuestras herramientas más fuertes para exigir promesas reales, no vacías. Lorelei Salas es abogada experta en asuntos del consumidor y del trabajador, integrante del Economic Speakers Bureau y exfuncionaria federal, donde se desempeñó como jefa de Supervisión de la Agencia de Protección Financiera del Consumidor. |