Alaska enfrenta demanda por compartir datos de votantes
por pedro graterol
Grupos de derechos civiles demandan a Alaska por compartir datos de votantes con el departamento de justicia, generando preocupaciones sobre privacidad y derechos electorales.
Organizaciones de derechos civiles han presentado una demanda que impugna la decisión de Alaska de compartir datos no redactados del registro de votantes con el gobierno federal, abriendo una batalla legal sobre la privacidad, la integridad electoral y el alcance de la autoridad estatal. El caso, presentado en el Tribunal Superior de Alaska en Anchorage, fue impulsado por la American Civil Liberties Union (ACLU) de Alaska, junto con el Electronic Privacy Information Center (EPIC) y el Voting Rights Project de la ACLU. Los grupos representan a la League of Women Voters of Alaska y al Alaska Black Caucus.
En el centro de la demanda se encuentra una decisión de diciembre de 2025 por parte de la División de Elecciones de Alaska de proporcionar al Departamento de Justicia de Estados Unidos la lista completa de registro de votantes del estado. Según la demanda, los datos incluían información personal sensible como nombres, fechas de nacimiento, direcciones residenciales, números de licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. Los demandantes argumentan que la divulgación violó el derecho constitucional a la privacidad en Alaska y creó riesgos para los votantes. Marianne Mills, copresidenta de la League of Women Voters of Alaska, afirmó: “Proteger la información confidencial de los votantes es un asunto no partidista. Los votantes de Alaska deben poder confiar en que la agencia encargada de administrar nuestras elecciones estatales está haciendo todo lo posible para proteger la privacidad de los alasqueños y su derecho legal a votar”.
La demanda también impugna un acuerdo entre el estado y el Departamento de Justicia que obligaría a Alaska a “depurar” sus listas de votantes basándose en determinaciones federales. Los críticos señalan que esto podría conducir a eliminaciones indebidas. Yolandous “Doyle” Williams, del Alaska Black Caucus, advirtió que la medida “socava el núcleo mismo de nuestra democracia al poner en riesgo la privación del derecho al voto de los ciudadanos.” Abogados de los demandantes sostienen que el problema va más allá del intercambio de datos. Eric Glatt, director legal de la ACLU de Alaska, señaló: “El derecho al voto y nuestro derecho a la privacidad son dos valores fundamentales muy apreciados por los alasqueños.” Añadió que la demanda busca la intervención de los tribunales para garantizar que estos derechos se respeten.
Funcionarios estatales aún no han sido notificados formalmente, pero han rechazado las acusaciones. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Derecho de Alaska, Sam Curtis, dijo: “Acabamos de enterarnos de la demanda y aún no hemos sido notificados formalmente, por lo que sería prematuro comentar sobre las reclamaciones específicas”. Subrayó que la ley de Alaska “permite expresamente el intercambio de esta información para fines gubernamentales autorizados” y afirmó que el estado defenderá ese estatuto en los tribunales. Los demandantes solicitan que se ordene la destrucción de los datos compartidos, que se anule el acuerdo y que se bloquee cualquier transferencia adicional. Un fallo podría tardar meses o más, dejando por ahora sin resolver las cuestiones más amplias sobre los datos de votantes y la supervisión federal.
