Anchorage considera un impuesto del 3% sobre las ventas
Anchorage evalúa un nuevo impuesto a las ventas mientras desaparece el apoyo estatal, aumenta la presión sobre la infraestructura y los residentes piden claridad a la Asamblea.A los habitantes de Anchorage se les está pidiendo que reconsideren cómo su ciudad financia los servicios esenciales. La propuesta de un impuesto a las ventas del tres por ciento, presentada por la alcaldesa Suzanne LaFrance, llega en un momento en que fuentes de ingresos antes confiables se han debilitado, el rezago de infraestructura se ha ampliado y las presiones presupuestarias marcan casi todas las discusiones de política pública. Para los alaskeños acostumbrados a décadas de amplio apoyo estatal, el debate es un recordatorio de que esos tiempos quedaron atrás y de que Anchorage debe elegir entre aumentar sus ingresos o aceptar una reducción en los servicios públicos.
Los funcionarios municipales describen la situación financiera en términos directos. Las contribuciones estatales que antes cubrían una parte significativa del funcionamiento de Anchorage se han reducido a una fracción de lo que antes eran. Soluciones temporales como los fondos federales de recuperación, los ingresos por intereses y el remanente de la venta de Municipal Light and Power en 2020 ayudaron a cerrar la brecha, pero esos colchones se están agotando. Persisten necesidades de capital importantes, desde grandes proyectos de reconstrucción vial hasta trabajos de seguridad pendientes en instalaciones públicas envejecidas. La administración señala más de mil millones de dólares en mantenimiento diferido solo en los sistemas de drenaje. El plan fiscal de LaFrance busca estabilizar las finanzas de la ciudad, aliviando al mismo tiempo la carga sobre los propietarios y atendiendo brechas de larga data en vivienda y en cuidado infantil. La medida eximiría muchos artículos esenciales y destinaría una parte sustancial de los ingresos al alivio del impuesto a la propiedad, a un nuevo fondo de vivienda y a la ampliación del acceso al cuidado infantil. También dirigiría recursos a mejoras de infraestructura postergadas repetidamente a medida que disminuyó el apoyo estatal. Alaska Public Media informó que la última reunión de la Asamblea evidenció cuán dividido sigue el público. Más de treinta residentes testificaron, con la oposición superando al apoyo. Algunos argumentaron que un impuesto a las ventas aumentaría los costos para los alaskeños rurales que dependen de Anchorage para abastecerse. Otros consideraron necesaria la propuesta, señalando la fuerte caída del financiamiento estatal y la creciente dificultad de la ciudad para mantener los servicios básicos sin nuevas fuentes de ingresos. La Asamblea decidió posponer la votación sobre si colocar la medida en la boleta de abril y extendió la audiencia pública hasta enero. Los miembros también retrasaron la acción sobre un impuesto propuesto a las rentas de corto plazo y un requisito de registro para los arrendadores. Por ahora, el presupuesto inmediato de la ciudad sigue ajustándose, sus obligaciones de largo plazo siguen siendo altas y la responsabilidad de definir una nueva dirección fiscal pasa a manos de los votantes. Los próximos pasos de Anchorage señalarán cómo la comunidad define la sostenibilidad y cuánto está dispuesta a pagar por ella. |