El plan de Trump de detener a migrantes en Guantánamo enfrenta preocupaciones sobre derechos humanos
Un vuelo que retornó a 177 migrantes venezolanos desde la Bahía de Guantánamo—administrada por una contratista propiedad de una corporación de Indígenas Nativos de Alaska—pone de relieve la práctica controvertida de la administración Trump de detener a deportados en un lugar célebre por abusos cometidos en tiempos de guerra.Un vuelo reciente que trasladó a 177 migrantes venezolanos desde Guantánamo Bay hacia Venezuela ha resaltado la práctica controvertida de la administración Trump de enviar a personas deportadas a la base naval en Cuba. Las autoridades los transfirieron inicialmente a Honduras antes de finalizar su viaje a casa, dejando la instalación casi vacía a pesar de los planes previos de expandir la capacidad para hasta 30,000 migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional ha citado presuntos vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua entre quienes fueron enviados a Guantánamo, aunque documentos judiciales y declaraciones reconocen que muchos migrantes no tienen antecedentes penales.
Persisten las dudas sobre la legalidad y la ética de detener migrantes en un lugar históricamente asociado con la “guerra contra el terror”. Altos funcionarios de Trump describieron inicialmente Guantánamo Bay como un sitio para los “peores de los peores”, pero información reciente sugiere que esa designación no siempre se cumple. Mientras 126 de los venezolanos retenidos allí tenían cargos criminales o condenas—80 supuestamente vinculados al Tren de Aragua—51 no tenían antecedentes penales. Organizaciones de derechos humanos han expresado alarma por la falta de debido proceso, posibles malos tratos y la supervisión limitada de los detenidos en esta instalación remota. De acuerdo a The Guardian, en el centro de las operaciones de migrantes en Guantánamo se encuentra Akima, una empresa con sede en Virginia que pertenece a la Corporación Regional Nana, una corporación de Indígenas Nativos de Alaska con miles de contratos federales. Akima Infrastructure Protection, una de las filiales de Akima, obtuvo un contrato por 163.4 millones de dólares en agosto de 2024 para administrar el complejo de detención de migrantes de Guantánamo hasta 2029. La empresa ha sido objeto de escrutinio por presuntos abusos y condiciones deficientes en otros centros para migrantes que opera en Estados Unidos. Una auditoría federal de un centro administrado por Akima en Miami documentó un uso inadecuado de la fuerza, incluido un incidente en el que guardias rociaron gas pimienta a un hombre en confinamiento solitario pese a que no representaba amenaza alguna. Defensores temen que las condiciones puedan ser aún más opacas en Guantánamo, donde el acceso está restringido y pocos detalles, como cómo se decide quién es enviado allí, siguen siendo inciertos. Aunque la Casa Blanca recientemente abandonó los planes de usar carpas en la base, citando la falta de comodidades como aire acondicionado y electricidad, los migrantes siguen siendo colocados en el área principal de detención. Aproximadamente, alrededor de 20 migrantes permanecen en el lugar. La administración Trump aún no ha aclarado cuántos podrían ser enviados finalmente a Guantánamo o cuánto tiempo podrían permanecer allí. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el carácter secreto de las instalaciones y su historial de abusos ponen de relieve los graves peligros de enviar a cualquier persona, especialmente a quienes no tienen antecedentes penales, a ese lugar. |