La disputa migratoria paraliza el financiamiento de Seguridad Nacional
por sdmn
El estancamiento en el Congreso sobre reformas a la aplicación de leyes migratorias empuja al Departamento de Seguridad Nacional hacia un cierre que afecta a más de 260,000 trabajadores.
Un cierre parcial del gobierno federal está previsto para inicio el 14 de febrero, ya que los legisladores no han aprobado el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional antes de la fecha límite actual vinculada al año fiscal que termina el 30 de septiembre. Aunque la mayoría de las agencias federales ya recibieron financiamiento completo, Seguridad Nacional sigue siendo el único departamento sin asignaciones presupuestarias a largo plazo.
El detonante inmediato surge de negociaciones en el Congreso sobre políticas de aplicación de leyes migratorias. Los demócratas del Senado bloquearon el avance de un proyecto de financiamiento aprobado por la Cámara de Representantes durante una votación que requería 60 votos, pero que quedó en 52 contra 47. La fallida moción procesal deja las negociaciones sin resolver y pone en riesgo el financiamiento de varias divisiones de Seguridad Nacional a partir de mediados de febrero, a menos que el Congreso alcance un acuerdo.
En el centro de la disputa hay un choque político tras tiroteos fatales que involucraron a agentes federales de inmigración durante protestas en Minneapolis en enero. Los incidentes llevaron a los demócratas a exigir cambios en las prácticas de aplicación de la ley como parte de cualquier acuerdo de financiamiento. Sus reformas propuestas incluyen restricciones a patrullajes móviles, requisitos más estrictos de órdenes judiciales para registros y arrestos, ampliación de estándares sobre uso de la fuerza, reglas de identificación para agentes y el uso obligatorio de cámaras corporales. Legisladores republicanos han resistido muchas de esas disposiciones mientras impulsan medidas orientadas a abordar políticas de ciudades santuario.
A pesar de la interrupción del financiamiento, se espera que las operaciones diarias en gran parte de Seguridad Nacional continúen. Documentos de planificación de la agencia indican que más del 90 por ciento de los aproximadamente 272,000 empleados del departamento permanecerían en funciones durante la fase inicial de un cierre. Las operaciones de control migratorio y fronterizo continuarían, respaldadas en parte por financiamiento de la One Big Beautiful Bill Act, que destinó decenas de miles de millones de dólares a agencias de control y otorga a la dirección del departamento autoridad para redistribuir recursos.
Sin embargo, algunas divisiones podrían enfrentar presión operativa con el paso del tiempo. El personal de la Administración de Seguridad en el Transporte continuaría trabajando, aunque podría experimentar retrasos salariales, un factor históricamente vinculado a mayores ausencias laborales y filas más largas en los controles de seguridad aeroportuaria. Otras ramas de Seguridad Nacional, incluyendo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Guardia Costera y el Servicio Secreto, mantendrían funciones centrales relacionadas con la seguridad pública y la respuesta a emergencias. El financiamiento para ayuda por desastres mantiene reservas significativas, lo que permite que los programas de asistencia continúen bajo los balances financieros actuales.
El cierre dejaría aproximadamente a 44,500 empleados financiados mediante asignaciones alternativas, mientras que decenas de miles de agentes de seguridad podrían seguir recibiendo sus salarios a través de asignaciones existentes. Otras agencias federales no se verán afectadas porque el Congreso aprobó sus presupuestos anteriormente durante el ciclo fiscal. Se espera que los legisladores retomen negociaciones más adelante en febrero, dejando la duración y las consecuencias más amplias del cierre dependientes del progreso en las conversaciones sobre la aplicación de leyes migratorias.
