La lucha por el presupuesto educativo en Alaska aún no termina
Por sdmn
Los legisladores aprobaron un importante proyecto de ley sobre educación, pero la amenaza de un veto y la incertidumbre presupuestaria mantienen en vilo a las escuelas de todo Alaska.
A pocas semanas de que el gobernador Mike Dunleavy vetara el Proyecto de Ley 69, que proponía un aumento de $1,000 en la Asignación Básica por Estudiante (BSA, por sus siglas en inglés), el futuro del financiamiento educativo en Alaska sigue en el aire. Desde entonces, los legisladores aprobaron el Proyecto de Ley 57, una medida revisada que ofrece un aumento menor de $700 a la BSA y mantiene disposiciones sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas. La iniciativa obtuvo un amplio apoyo bipartidista: 31-8 en la Cámara de Representantes y 17-3 en el Senado. Ahora, el proyecto espera la decisión del gobernador, y la incertidumbre persiste sobre si lo firmará, lo vetará o permitirá que se convierta en ley sin su firma.
El PL 57 representa un compromiso cuidadosamente elaborado tras el colapso del PL 69, que Dunleavy criticó por carecer, según él, de reformas políticas suficientes. En respuesta, los legisladores ajustaron su enfoque e incorporaron parte de las prioridades del gobernador. Sin embargo, la versión más reciente aún no incluye el lenguaje condicional que vincula las subvenciones para lectura y educación técnico-profesional (CTE, por sus siglas en inglés) con la aprobación del PL 113, un proyecto de ley tributaria relacionado. Esto generó dudas de último momento entre legisladores como la senadora Shelley Hughes y el senador Mike Shower, quienes, según KTUU, expresaron preocupación de que reformas clave puedan desaparecer sin acciones legislativas adicionales.
El debate se intensificó esta semana cuando la comisionada de Educación, Deena Bishop, envió una carta instando a los superintendentes a presionar a los legisladores para que adopten las políticas preferidas del gobernador. En su mensaje, Bishop advirtió que no hacerlo podría conllevar otro veto o recorte de fondos, como ocurrió el año pasado con una reducción de $87 millones en financiamiento escolar único. Su llamado a la acción destacó la promoción de subvenciones por mejoras en alfabetización, la posibilidad de inscripción entre distritos y mayor apoyo a la educación en el hogar.
Según el Alaska Beacon, líderes escolares en todo el estado criticaron duramente la carta. Varios superintendentes calificaron el tono como inapropiado y dijeron que parecía un intento de usar a los estudiantes como herramienta política. En especial, educadores rurales rechazaron reformas centradas en zonas urbanas y programas chárter, argumentando que incluso el aumento del PL 57 es insuficiente ante el aumento de costos. Pese a estas tensiones, los legisladores siguen siendo optimistas sobre el futuro del proyecto. Si Dunleavy lo veta de nuevo, la Legislatura podría intentar anular el veto. Aunque faltan pocos votos para alcanzar los 45 necesarios para revertir un veto completo al financiamiento, lograrlo requeriría una sesión especial o esperar hasta enero próximo. Por ahora, las escuelas de Alaska siguen planificando su futuro bajo una sombra de incertidumbre.
