Trump aprueba la polémica ley Laken Riley
La recién firmada Ley Laken Riley exige la detención de inmigrantes no autorizados acusados de delitos como robo o asalto. A pesar del apoyo bipartidista, muchos demócratas advierten que socava el debido proceso, impone altos costos y no resolverá los problemas más amplios de inmigración.El presidente Donald Trump firmó la Ley Laken Riley, la primera pieza legislativa aprobada en su segundo mandato. Nombrada en honor a una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que fue asesinada mientras corría, la ley obtuvo apoyo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Trump agradeció a legisladores de ambos partidos por su colaboración, y entre los presentes en la ceremonia de firma en la Casa Blanca se encontraba el senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania (D-Pa.).
Laken Riley era estudiante del Augusta University College of Nursing cuando salió a correr el 22 de febrero de 2024 y fue confrontada por José Antonio Ibarra, quien la mató durante un forcejeo. Ibarra, de origen venezolano, había sido arrestado en 2022 por entrada ilegal cerca de El Paso y liberado para continuar su proceso migratorio. Posteriormente fue declarado culpable de asesinato y otros delitos, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso se ha convertido en un símbolo para los republicanos que, incluyendo a Trump, sostienen que políticas de detención más estrictas podrían haber evitado el crimen. Según la nueva ley, las autoridades federales deben detener a cualquier inmigrante no autorizado que sea arrestado o acusado de delitos como robo, agresión a un oficial de policía o causar daños corporales. Los partidarios afirman que esta medida mejorará la seguridad pública al asegurar que las personas acusadas de delitos graves no sean liberadas mientras esperan sus procedimientos migratorios. La ley también otorga a los fiscales generales estatales el poder de demandar al gobierno federal si la ineficacia en la aplicación de la ley de inmigración causa daños a los estados o a individuos, ampliando así el papel de los estados en la formulación de políticas. Aunque los republicanos tienen mayoría en el Congreso, la Ley Laken Riley obtuvo el apoyo de 46 demócratas en la Cámara y 12 en el Senado. Algunos demócratas de estados clave afirman que respaldaron la medida porque sus electores favorecen un mayor control fronterizo y la deportación de inmigrantes acusados de crímenes. Sin embargo, otros demócratas criticaron la ley como un mandato no financiado que podría socavar el debido proceso. Advierten que incluso acusaciones menores pueden conducir a la detención y a una posible deportación, perjudicando a inmigrantes con protecciones legales pendientes. Los críticos también señalan que el proyecto de ley tendría un costo estimado de 83 mil millones de dólares en tres años, según un memorando de los demócratas en el Comité de Asignaciones. El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut (D-Conn.), la calificó como “un mandato totalmente no financiado”, argumentando que la ley impone obligaciones costosas sin abordar las preocupaciones migratorias de fondo. A pesar de estas objeciones, los defensores mantienen su convicción de que la legislación evitará futuras tragedias como la muerte de Riley. |