ROMPECABEZAS PRESUPUESTARIO POR PEDRO GRATEROL
Las discusiones presupuestarias en Alaska tomaron un giro dramático desde que se tuvo conocimiento de los recortes anunciado por el gobernador. De acuerdo con reportes de KTOO Public Media, el gobernador Dunleavy vetó 182 elementos del presupuesto operacional aprobado por la legislatura. Estos vetos incluyen cortes de financiamiento significativos a diversos aspectos del gobierno: $130 millones del sistema de universidades, $68 millones de pagos de bonos escolares y construcción de escuelas rurales y $58 millones de Medicaid.
De acuerdo con Dunleavy, la finalidad de esto es equilibrar el presupuesto y lograr hacer un pago completo del Dividendo del Fondo Permanente, cuya cantidad espera ser acordada. El monto del dividendo está en el corazón de los debates sobre el presupuesto. Por ende, es importante saber la procedencia del dinero que reciben los residentes de Alaska una vez al año.
La economía de Alaska depende del petróleo. De acuerdo con el Consejo de Desarrollo de Recursos, este rubro ha creado $180 mil millones en ganancias desde que Alaska obtuvo el estatus de estado. Tener una cantidad de recursos naturales tan lucrativos puede hacer que el estado se vuelva dependiente de este rubro cuyo precio en el mercado es fluctuante. Por este motivo en la década de los 70´s, de acuerdo con la Corporación del Fondo Permanente de Alaska, cuando la legislatura gastó de manera rápida las ganancias de la tubería petrolera Trans-Alaska, surgió la necesidad de crear un mecanismo de protección para las ganancias del estado que asegurara crecimiento económico a largo plazo.
El gobernador Jay Hammond impulsó una enmienda constitucional aprobada en 1976 que creó el Fondo Permanente, un fondo donde se depositaría por lo menos un cuarto de las ganancias provenientes de la explotación de recursos minerales para invertirlas en otras áreas- actualmente estas incluyen acciones en el NYSE y varias propiedades de bienes raíces. Este se conoce como “el principal”, permitiendo la diversificación de los ingresos petroleros. El manejo de las ganancias del principal es decidido por la legislatura y está en una cuenta por separado.
No existe ninguna obligación constitucional con respecto a lo que hay que hacer con las ganancias. Sin embargo, desde 1982, los residentes de Alaska reciben una porción de éstas. Este es el DFP. Hammond explica en una nota autobiográfica que él propuso este mecanismo porque crearía un compromiso ciudadano activo en el manejo de recursos del estado y sentido de pertenencía en el manejo de los recursos naturales.
El sistema funcionó bien por varios años. Sin embargo, desde el colapso de los precios petroleros de 2014, los estados petroleros como Alaska, navegan en un mundo fiscal con menos ingresos. Durante la administración del gobernador Walker, el dividendo se redujo, alejándose de la fórmula establecida originalmente para obtener el monto. El motivo de esto fue poder financiar al gobierno. Esta movida fue legal, de acuerdo con la Corte Suprema de Alaska.
Sin embargo, la administración de Dunleavy propone otra dirección: volver a la fórmula tradicional para el cálculo del dividendo y pagar remuneraciones por los dividendos reducidos en años anteriores. Lograr esta meta es la justificación de los cortes que han conmocionado al estado.
El final de estos debates permanece incierto, pero los próximos días son fundamentales para el futuro de Alaska y merecen minuciosa atención.
