DHS emite nuevas prioridades de cumplimiento POR anna taylor
La administración Biden ha emitido una nueva guía para los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La nueva guía considera a los inmigrantes que son una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o que recientemente ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos como prioridades de aplicación. Es una clara desviación de la administración de Trump, que consideraba a cada inmigrante indocumentado una prioridad para aplicar la ley.
ICE considerará a un inmigrante como una amenaza para la seguridad nacional si se ha involucrado en espionaje o terrorismo. Si un inmigrante es una amenaza para la seguridad pública es una pregunta más complicada. ICE analizará el historial criminal de la persona y lo equilibrará con factores positivos, como si el inmigrante tiene una edad avanzada o tierna, si tiene algún problema de salud que haya contribuido a la actividad criminal, si el inmigrante es víctima de un delito y si está cuidando a miembros de la familia en los Estados Unidos. Por último, ICE considerará a alguien como una prioridad de aplicación de la ley si ingresó ilegalmente a los Estados Unidos o fue descubierto tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020. La nueva guía entrará en vigor el 29 de noviembre.
Esta orientación se basa en la discreción procesal. La discreción procesal es la capacidad de una agencia o oficial de la ley para determinar cuándo procesar un delito. Permite a los funcionarios de la fuerza del derecho decidir qué casos son prioritarios y dónde enfocar los recursos de la agencia. Como explicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, “¿vamos a pasar el tiempo aprehendiendo y sacando al trabajador agrícola que se está rompiendo la espalda para recoger fruta que todos ponemos en nuestras mesas? Porque si perseguimos a ese individuo, no gastaremos esos mismos recursos en alguien que, de hecho, amenaza nuestra seguridad. Y saber diferenciar entre las dos situaciones, es lo que debemos hacer”.
Los defensores de los inmigrantes han expresado inquietudes sobre esta guía. Los oficiales de ICE aún tienen discreción al decidir a quién arrestar. Por ejemplo, las pautas provisionales de esta administración requerían que un supervisor firmara algunos casos de deportación. Estas directrices nuevas no tienen ese requisito. El secretario Mayorkas ha declarado que los oficiales de ICE recibirán capacitación adicional y que monitoreará los datos sobre deportaciones y arrestos. A los defensores de la inmigración les preocupa que esa no sea suficiente supervisión. Los defensores señalan la historia de abuso de ICE, y Aduanas y Protección Fronteriza. Les preocupa que, sin una supervisión adecuada, esos abusos continúen. El Instituto de Justicia de Alaska (AIJ) es la única organización sin fines de lucro en Alaska que brinda representación en asuntos de inmigración. Los servicios de AIJ son gratuitos o de bajo costo, según el caso. AIJ prioriza los casos de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y otra victimización de delitos.
