el negocio sucio de separar familias y encarcelar niños migrantes. POR itzel zagal
Foto: Itzel Zagal
La criminalización actual del derecho humano a migrar y buscar asilo tiene como objetivo generar ganancias económicas para algunas compañías privadas como MVM Inc. de Virginia y General Dynamics (ambas con fuertes lazos con la industria militar), Comprehensive Health Services Inc. de Florida, Dynamic Service Solutions de Maryland, Southwest Key Programs (quienes crearon el centro de detención Casa Padre sobre lo que antes era un Wal-Mart en Brownsville), Exodyne Inc. de Arizona, entre otras enlistadas por Hunter Walker, un corresponsal para la Casa Blanca. Las familias migrantes y refugiadas que buscan en su mayoría escapar de violencia y pobreza extrema son separadas y puestas en jaulas a cambio de contratos millonarios para dichas compañías. Hay personas que se enriquecen explotando y generando una crisis humanitaria.
Muchos justifican esta política migratoria bajo el argumento de “hacer cumplir la ley” pero las leyes obedecen a la conciencia de la población que las respalda, como en su tiempo la esclavitud fue legal y aceptada e igualmente lucrativa. Cabe aclarar que buscar refugio y asilo no es un crimen, como nunca ha sido un crimen emigrar.
La Orden Presidencial y la de la Corte del Distrito del Sur de California no tienen total efectividad para reunificar a las familias separadas en esta situación atroz, la realidad es que ICE sigue separando y encarcelando a las familias migrantes bajo la política de Tolerancia Cero. El pasado 16 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (organismo de la Organización de Estados Americanos OEA), otorgó Medidas Cautelares en favor de los niños migrantes que han sido separados de sus familias, en ellas le solicita a los Estados Unidos que tome acciones para proteger el derecho a una vida familiar, a la integridad personal y a tener una identidad, proveer apoyo médico y psicológico, servicios de traducción, entre otros, además de garantizar comunicación entre las familias que fueron separadas y la asistencia consular. Y por supuesto, que reúna a las familias aún cuando muchos de los padres hayan sido deportados.
Y he ahí el gran problema, muchos niños han quedado en “el limbo” después de que sus padres fueron deportados, el ACLU (American Civil Liberties Union) estima que hay aproximadamente 565 niños (incluyendo niños menores de 5 años) en esta situación. De acuerdo con ACLU, muchos de los padres fueron forzados a escoger entre ser deportados junto con sus hijos y que sus hijos perdieran el derecho a solicitar asilo o ser deportados sin sus hijos: para muchos una decisión entre la vida y la muerte.
Simultáneamente, cuando las familias demandan un trato digno, son castigados nuevamente con la separación de sus hijos como lo reportó el pasado 20 de agosto Scott Bixby para el Daily Beast: “... padres inmigrantes que actualmente están detenidos en un centro de detención de Texas dicen que -ellos- fueron nuevamente separados de sus hijos como castigo por protestar por el trato que les dan...
En una conferencia telefónica organizada por el Centro de Refugiados e Inmigrantes para Educación y Servicios Legales (RAICES), tres de esos hombres y un niño les dijeron a los reporteros que la nueva separación inexplicada era un indicador aterrador de que su reunificación ordenada por la Corte puede ser cancelada en cualquier momento y por cualquier motivo “. Dicho castigo estuvo relacionado con la intención de los padres de comenzar una huelga de hambre para protestar de manera pacífica por las condiciones inhumanas en las que están siendo detenidos ellos y sus hijos.
De acuerdo con Natalie Escobar, una editorialista del The Atlantic, no es nuevo que compañías privadas lucren con el encarcelamiento de niños y niñas no blancos, esto pasó con las familias de muchos de los pueblos originarios o nativos, las familias afroamericanas esclavizadas, familias japonesas americanas, y en otras partes como en la Alemania Nazi. La separación de familias y el encarcelamiento de niños dejará un trauma comparado al padecido por generaciones de niños nativos separados de sus familias bajo la política atroz de “mata al indio y salva al hombre”.
El daño causado a estas familias constituye violaciones graves a sus derechos humanos y no puede ser justificado bajo la bandera de una legalidad perversa, racista y cruel.
Además de ejercer el voto, la población en solidaridad puede ejercer presión sobre las compañías que apoyan este tipo de políticas inhumanas. Ser separado de su familia y puesto en una jaula es una experiencia que ningún niño en el mundo debería sufrir en nuestro tiempo: las familias merecen estar juntas y merecen encontrar un lugar seguro en el mundo.
