En septiembre de 2015, la Asamblea de Anchorage aprobó una ley que volvió ilegal todo tipo de discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Esta ley permitía a los servicios públicos segregar los baños, lockers y vestidores por género, pero dejaba a los usuarios la elección de cuál instalación usar. Así que esta ley otorgó a la comunidad transgénero el derecho de utilizar el baño, locker o vestidor que se ajustara al género con el que se identifican y no el que coincide con su acta de nacimiento.
En 2015, después de que la Asamblea votara a favor de la no discriminación, la asambleísta Amy Dembosky propuso abrir la decisión sobre los baños, lockers y vestidores al voto popular. La asambleísta de origen africano-americano Elvi Gray-Jackson respondió: “Como una mujer negra, me parece simplemente equivocado que el resto de la comunidad vote sobre si yo puedo tener o no los mismos de derechos”. A casi dos años de esta discusión, la organización de política pública basada en principios religiosos Alaska Family Action, lidereada por Jim Minnery, encabezó una iniciativa para derogar esa ley, y solicitó que se sometiera al voto popular la decisión sobre los baños, lockers y vestidores. Esta decisión aparecerá en la boleta en las elecciones del próximo 3 de abril, con el nombre de Iniciativa 1 (Proposition 1). Kati Ward, directora de campaña en Fair Anchorage, coalición bipartidista por las leyes antidiscriminación, explica que Minnery y la gente que ha cabildeado esta iniciativa argumentan que lo que ellos buscan es “proteger a las mujeres y los niños para que puedan estar más seguros en esta comunidad”. Esta sentencia, explica Ward, alinea la elección de género no tradicional con el hecho de ser un depredador sexual, pero esta comparación es absurda. “La realidad es que asaltar sexualmente a alguien sigue siendo ilegal. La iniciativa antidiscriminación de 2015 no lo volvía legal”. Ward explica que quienes se oponen a la Iniciativa 1 “no decimos que la seguridad en los baños no sea importante. Todos necesitamos protección. Pero la idea de que las mujeres y los niños corren mayor riesgo porque una persona transgénero use sus baños es una falsa narrativa”. De convertirse en ley, aplicar la Iniciativa 1 tendría un alto costo para los habitantes de Anchorage porque implicaría “sacar a nuestros oficiales de policía de las calles para regular los baños. Hay muchas otras cosas en esta comunidad a las que nuestros oficiales de policía deben poner atención” más que a cuidar baños. Esto, sobre todo, porque “se han dado cero casos de ataques por parte de personas transgénero en Anchorage”. La Iniciativa 1 es “parte de una campaña basada en el miedo y en el odio a un grupo de personas que otros no entienden”, dice Ward y agrega que “todo lo que la comunidad transgénero quiere es tener el derecho de vivir como tú y yo”. La idea de que no pueden ir al baño o de que tienen que estructurar todo su día alrededor de los sitios donde pueden ir con seguridad ataca a uno de los grupos más vulnerables del país. Según el 2015 US Transgender Survey, la comunidad transgénero sufre los porcentajes más altos de desempleo en los Estados Unidos: 15%, en comparación con el 5% del resto de la población. El mismo estudio señala que casi la mitad (48%) de las personas transgénero son acosadas verbalmente, atacadas en su integridad física o se les niega el trato igualitario. Esta encuesta también reconoce que una cuarta parte de la población transgénero es discriminada en cuanto a la vivienda por causas de su identidad de género. Ward es enfática: “La decisión sobre la Iniciativa 1 tiene que ver con qué clase de comunidad queremos construir. ¿Queremos repetir actos atroces de discriminación como los que se han vivido anteriormente? Anchorage no debe ser una ciudad así”. |
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