Moore v. Harper: El nuevo desafiante de la democracia
El 24 de mayo, la Corte Suprema de Alaska determinó que un nuevo mapa de distrito elaborado por el Senado Estatal estaba parcializado “inconstitucionalmente” a favor de Eagle River, el cual se inclina políticamente hacia los republicanos. Su orden fue una victoria para las prácticas electorales justas e igualitarias en la lucha contra el partidismo radical. Ahora, con los conservadores mostrando una mayoría en la Corte Suprema de los Estados Unidos, existe la posibilidad de que los tribunales estatales de todo el país no vuelvan a ejercer ese poder nunca más.
El proceso de dividir estados en distritos electorales en función de la población debería ser un proceso burocrático estándar (aburrido). Pero cuando la Corte Suprema dictaminó en 1964 que las legislaturas estatales deben rediseñar los distritos cada diez años para mantenerse al día con los cambios demográficos, la redistribución de distritos se convirtió en un tema político. Si bien los demócratas han coqueteado con el gerrymandering, la práctica de dibujar distritos en torno a raza, clase económica y líneas políticas para manipular el poder electoral, los republicanos están absolutamente comprometidos con ella. The Associated Press encontró “cuatro veces más estados con distritos de Asamblea o de la Cámara de Representantes estatales parcializados a favor de los republicanos que de los demócratas”, lo que crea una amenaza “real y alarmante” para la democracia. Esa amenaza pronto puede volverse mucho peor. El 7 de diciembre, la Corte Suprema comenzó a escuchar los argumentos de Moore v. Harper. Este caso tiene que ver con la legislatura estatal de Carolina del Norte, que aprobó un mapa de redistribución de distritos antes de las elecciones de noviembre diseñado para favorecer en gran medida a los republicanos. Cuando la Corte Suprema de Carolina del Norte anuló dos de estos mapas, llamándolos una “manipulación partidista atroz e intencional” que ponía en peligro la igualdad de los votantes y violaba la constitución estatal, los legisladores republicanos apelaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si bien su petición fue inicialmente rechazada debido a su proximidad a las elecciones intermedias, los jueces Kavanaugh, Gorsuch, Alito y Thomas alentaron a los legisladores a volver a presentarla y el tribunal aceptó el caso. El argumento principal de los demandantes se basa en la teoría de la Legislatura Estatal Independiente (LEI), que sostiene que la Constitución otorga a todas las legislaturas estatales el derecho a regular las elecciones sin la supervisión de la corte suprema del estado. La teoría de la LEI se deriva de los artículos 1 y 2 de la Constitución de los Estados Unidos, los cuales otorgan a las legislaturas el derecho de regular las elecciones. Según los demandantes, los mapas de distrito sesgados aprobados por la legislatura de Carolina del Norte deberían mantenerse. Varios académicos han rechazado casi unilateralmente esta idea. Durante siglos, los tribunales estadounidenses han interpretado que estas cláusulas incluyen normas constitucionales. De lo contrario, las cortes supremas estatales no tendrían jurisdicción para defender la constitución, el cual es su único propósito, y las legislaturas estatales no podrían ser controladas. Esto es “fatalmente inconsistente con los preceptos básicos tanto del federalismo como de la separación de poderes”, según las profesoras de derecho Kate Shaw y Leah Litman. De hecho, la propia Corte Suprema rechazó la teoría de la LEI en 2015 en la opinión mayoritaria de la Legislatura del Estado de Arizona v. Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona. Si la corte anula ese precedente ahora (lo cual es muy posible dado que cuatro jueces alentaron a que se volviera a presentar Moore v. Harper), la democracia sufrirá. Incluso una leve aprobación de la teoría de la LEI le daría a la Corte Suprema autoridad total sobre la ley electoral estatal y dejaría las funciones más mundanas a los tribunales estatales. Como describe la académica constitucional Carolyn Shapiro, “en lugar de que las cortes estatales de apelaciones y las cortes supremas estatales hagan lo que han estado haciendo durante los últimos dos siglos y medio, la Corte Suprema [podría] entrar y potencialmente cuestionar las decisiones.” Esto sería desastroso, convirtiendo a la Corte Suprema en un campo de batalla interminable por los derechos de los votantes y hundiendo las elecciones estadounidenses en aún más caos. Dependiendo de cuánta autoridad otorgue la opinión de la mayoría a las legislaturas estatales, un escenario posible haría que las legislaturas estatales escogieran electores para resistirse a resultados electorales. El ex-juez federal J. Michael Luttig, un conservador, criticó la teoría de la LEI como parte de un “proyecto republicano para robar las elecciones de 2024”. Incluso si la mayoría disiente, Moore v. Harper aún arroja una sombra sobre la democracia estadounidense. Cuando la Corte Suprema, que acepta solo el 1 por ciento de las peticiones que recibe cada año, revisa un argumento tan ahistórico, envía el mensaje de que la teoría de la conspiración merece una consideración genuina. Los Padres Fundadores no pretendían ninguno de estos escenarios. De hecho, la mayoría dudaba notoriamente en dar demasiado poder a los congresos estatales. Los cinco jueces conservadores que se identifican como originalistas han ignorado este hecho de la misma manera como anularon un precedente de cincuenta años para la protección del aborto este julio. Parece que los conservadores, habiendo agotado la utilidad política del originalismo, buscan una forma más radical de forzar su moralidad sobre los estados y, peor aún, sobre las personas. |