University of Alaska Anchorage. Fotos/Photos: Lauren Horn
Los precios del petróleo golpean la educación
Se prevén recortes en servicios de apoyo, programas subutilizados, empleos para estudiantes y posibles cierres de ediFIcios POR ALYSSA WEHRLI
University of Alaska Anchorage. Fotos/Photos: Lauren Horn
El sistema educativo de la Universidad de Alaska (UA) atiende a 31,500 estudiantes en todo el estado. Sus tres campus principales son la Universidad de Alaska en Anchorage (UAA), la Universidad de Alaska en Fairbanks (UAF) y la Universidad de Alaska Sureste (UAS). También provee servicios en línea. El sistema universitario emplea a casi 8,000 personas con diferentes habilidades. La UA mantiene el nivel actual en cuanto a la oferta académica, la investigación y la calidad de los servicios en gran medida gracias a que el Estado de Alaska procura fondos que sostienen el sistema universitario. Hoy día el sistema UA enfrenta problemas económicos que pueden derivar en cortes y cierres que tendrían un impacto negativo en los estudiantes y, a largo plazo, en el estado. ¿Por qué?
Desde 2013, el Estado de Alaska ha gastado más dinero del que percibe. La diferencia entre los ingresos y los egresos ha resultado en un déficit o hueco presupuestal. Se han implementado recortes, pero éstos no han sido equivalentes a las pérdidas. Se estima que este año el Estado alcance un déficit de casi $4 mil millones. La Reserva Presupuestal Constitucional (Constitutional Budget Reserve Fund) cuenta con un ahorro de 6.7 mil millones que podría durar sólo dos años si el problema sigue creciendo al ritmo actual.
La causa principal de este déficit es la baja en los precios del crudo. Los ingresos petroleros proveen más del 90 por ciento del Presupuesto Operativo del Estado (Operating Budget) que proviene del llamado Fondo Irrestricto de Alaska (Unrestricted Fund) —dinero que se usa según las asignaciones de la legislatura. De acuerdo con el Departamento de Ingresos de Alaska, los precios del crudo proveniente de North Slope han caído más del 64 por ciento desde el primero de enero de 2013. Además, la Administración de Información Energética del gobierno federal (U.S. Energy Information Administration) reporta que la producción petrolera cayó de más de 63,000 barriles diarios en 1988 a cerca de 15,000 en 2015. Si se combinan estos factores, se infiere que el ingreso que se puede generar a partir del crudo ha decrecido de forma notable, y aunque el precio del petróleo volviera a repuntar, la producción continuaría cayendo.
Se han planteado varias posibilidades para reducir este déficit. Todas requerirían un sacrificio financiero. El doctor Gunnar Knapp, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UAA, las explica en términos sencillos: incrementar los ingresos estableciendo un impuesto sobre la renta o un impuesto sobre las ventas, cortar o reducir el Fondo Permanente de Dividendos (PFDs: Permanent Fund Dividends), ahorrar una proporción menor de los ingresos petroleros y recortar el gasto público. Las demás opciones aún se discuten, pero parece haber certeza sobre el recorte.
El impacto de estas reducciones y cualquier otro corte asignado por la legislatura se dejará sentir en la UA, pues los recursos aportados por el Estado a la Universidad equivalen al ocho por ciento del Fondo Irrestricto de Alaska, y suman $356 millones en 2016. La cantidad aportada por el Estado asciende casi al 43 por ciento del presupuesto de la UA. El siguiente ingreso (24 por ciento) corresponde a las colegiaturas y las cuotas por matrícula. Se estima que en 2017 la UA recibirá sólo $300 millones por parte del Estado. Con la pérdida de más de $50 millones, la UA podría experimentar un déficit de entre $15 y 20 millones.
En un correo electrónico enviado a los estudiantes, la Universidad asegura que “recortes de esta magnitud pueden derivar en una reducción de entre 600 y mil plazas del personal académico y de apoyo y de una gran cantidad de programas que benefician a los estudiantes”. Se han tomado medidas preventivas para reducir los gastos. Hasta ahora han sido despedidos 17 empleados en total y, lo mismo que en el gobierno del Estado, se han congelado las contrataciones y restringido los viajes.
Se prevén más recortes en áreas relacionadas con los servicios de apoyo, tales como la administración. Pero éstos no afectarán directamente las opciones académicas. Sin embargo, estos cambios podrían desembocar en la pérdida de asesores académicos y de ofertas de trabajo para los estudiantes en los campus, o en el posible cierre de edificios, y en un incremento de los tiempos de espera para los servicios administrativos.
Una pequeña pero importante proporción será recortada del presupuesto académico. Los programas subutilizados podrían eliminarse y los que se ofrecen en varios campus podrían centralizarse en uno solo: la UAA se enfocaría en ciencias políticas y sociales, como educación y salud, la UAF, consagrada a la investigación, se enfocaría en ciencias e ingenierías, y los programas ambientales estarían albergados en la UAS.
Los recortes por sí solos no podrían cerrar la brecha de $15 a 20 millones en el presupuesto de la UA. El año pasado se propuso un incremento de un nueve por ciento en las colegiaturas, pero los estudiantes argumentaron que un aumento de esta magnitud pondría en riesgo económico a una gran cantidad de universitarios, muchos de los cuales trabajan para pagar por sus estudios. La mesa directiva aprobó sólo un incremento del cinco por ciento. Además de este ajuste, la facultad de Negocios y Políticas Públicas ha propuesto elevar un 20 por ciento las colegiaturas de los estudios de las divisiones superiores durante los próximos dos años. El sistema universitario se encuentra en una posición de riesgo y aún se desconoce el impacto de muchos factores que podrían influir en el asunto, entre ellos los cambios en la matrícula en los semestres de primavera y otoño, las prestaciones de los empleados y las tarifas de los servicios. Además, el monto exacto que el Estado dará a la UA no será definitivo sino hasta mayo o junio, después de que haya concluido el primer periodo de sesiones legislativas.